La política migratoria de línea dura reinstaurada por el gobierno de Donald Trump comienza a mostrar consecuencias dramáticas. De acuerdo con un reporte de la cadena CNN, al menos siete personas migrantes indocumentadas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del año fiscal 2025, un incremento que alimenta la preocupación por el trato a los migrantes detenidos.

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El número de muertes, si bien representa menos del 1% del total de personas detenidas por ICE, supera el promedio registrado en los primeros años del gobierno de Joe Biden. Según los datos citados por CNN:

• 2021: 5 muertes
• 2022: 3 muertes
• 2023: 4 muertes
• 2024: 12 muertes

La cifra actual de 2025 —aún sin cerrar el año fiscal— iguala ya al total registrado en todo el último año de Biden, cuando 12 personas fallecieron entre cerca de 38.000 detenidos.

Desde su regreso al poder, Trump ha intensificado las medidas restrictivas hacia la población migrante. El ICE ha detenido a más de 66.000 personas sin estatus legal y deportado a más de 65.000, según cifras oficiales hasta el 29 de abril.

Entre las políticas más polémicas figura el ofrecimiento de un pago de 1.000 dólares a personas indocumentadas para fomentar la «autodeportación», lo que ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como una forma de coerción encubierta que ignora el principio de no devolución y las garantías de asilo.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó permisos migratorios de cerca de un millón de personas que habían ingresado por medio de la aplicación B One, lanzada durante el mandato de Biden como un intento de gestión ordenada del flujo migratorio.

La presión en la frontera sur también ha escalado. El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, confirmó que la presencia de tropas en la frontera con México continuará al menos por dos años más, un indicio de la visión securitaria y de contención que la istración Trump está imponiendo.

Diversas organizaciones han alertado sobre violaciones a los derechos humanos, negligencia médica y condiciones inadecuadas en centros de detención migratoria, aspectos que podrían estar vinculados al incremento de muertes bajo custodia.

“El uso de la detención como herramienta disuasoria es inaceptable. La vida y dignidad de las personas migrantes debe ser protegida, no sacrificada en aras de un control arbitrario”, denunció un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

En paralelo, el gobierno estadounidense enfrenta presiones internas e internacionales para revisar su política migratoria, ante una región marcada por crisis humanitarias, violencia estructural y desplazamiento forzado en países como Venezuela, Haití, Cuba, Honduras y Guatemala.

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